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Sin Supervisión Ciudadana para Consulta Contra Ex Presidentes de la República




*Los concejos distritales del INE fueron disueltos después de la elección del 6 de junio y por el recorte presupuestal solo se instalarán como mesas receptoras, el 30 por ciento de las mil 200 casillas, para recibir la opinión de más de 1.2 millones de electores, entre otras inconsistencias.

Eugenio Pacheco

Chetumal.- Con múltiples inconsistencias, el instituto nacional electoral (INE) realizará el domingo, primero de agosto, la consulta pública para opinar sobre enjuiciar o no a los ex presidentes de la república, por las irregularidades presentadas por el actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.


Este polémico procedimiento de participación ciudadana, se realizará con los concejos distritales incompletos, luego de la disolución de estos órganos, como en Quintana Roo, desde la primera quincena de junio, para evitar el pago de las dietas a los seis concejeros ciudadanos que integran cada uno de los concejos distritales y el local (estatal), debido a la austeridad ordenada y al recorte presupuestal de cerca de mil millones de pesos.


Esta escasez de recursos también obliga a instalar solo el 30 por ciento (700) de las más de dos mil casillas que se conformaron para la elección constitucional, y ahora en calidad de mesas receptoras de opinión, deberá atenderse, al millón doscientos mil electores que conforman el padrón de esta entidad.



Es decir, habrá una mesa receptora, en algunos casos, para hasta seis y ocho comunidades rurales, y cada una solo podran recibir hasta 2 mil boletas, lo que podría inhibir la participación, ante los costos que implicaría para los ciudadanos trasladarse hacia la localidad o mesa receptora más cercana para votar u opinar.


Por la misma causa se ha recortado el numero de capacitadores asistentes electorales y solo un 20 por ciento de ellos, asistirá y apoyará a los funcionarios de casilla, designados para atender las mesas receptoras de opinión.

Estos últimos funcionarios serán los mismos que recibieron el voto el pasado seis de junio, como una forma de ahorrar también en capacitación.


En el decreto publicado en el periódico oficial, la consulta pública, puede anunciarse y presentarse públicamente hasta el próximo 15 de julio, fecha en la que también debe instaurarse una veda, para prohibir la promoción de obra o acciones de las autoridades de la federación y los estados.


Es decir, prácticamente solo habría 15 días para poder organizar abiertamente para la sociedad este procedimiento ciudadano.

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