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Opera el Borgismo, con Apoyo de Mara Lezama, la Sucesión en el Poder Judicial de Quintana Roo




*La llegada de una persona muy cercana a Roberto Borge, al máximo órgano judicial, amenaza con revertir “el que la hace la paga” y pondría contra la pared al mismo Carlos Joaquín y sus funcionarios, cuando dejen el poder en septiembre del próximo año.


*Carlos Lima Carbajal, presume su cercanía con la aún presidenta municipal y aspirante gubernamental, para aventajar a los magistrados cercanos a Carlos Joaquín, en el camino a presidir el tribunal superior de justicia a partir de enero de 2022.



Eugenio Pacheco


Chetumal.- Al adjudicarse la operación ante los órganos electorales para “bajar” de sus candidaturas a Isaac Janix y Luis Gamero, en beneficio de Mara Lezama y su grupo político en la pasada elección, el magistrado, Carlos Lima Carbajal, se asume ante sus compañeros del pleno judicial, como el sucesor de Antonio León, a partir de enero del siguiente año.



Con esto parece adelantarse a cualquier otro aspirante, incluidos verónica Acasio Trujillo y Gabino Medina Burgos, dos de las tres únicas piezas del gobernador, Carlos Joaquín, a quien parece no impórtale la sucesión en el poder judicial, la cual se ha iniciado con la relección o sustitución de las y los magistrados con vencimiento en su periodo legal de gestión.


En cambio, los grupos políticos de Roberto Borge y Félix González, mantiene una fuerte operación, a través también de Joaquín González Castro, quien, como integrante del consejo de la judicatura, como en la llegada de Antonio León Ruiz, trata de hacer valer su ascendencia en las decisiones importantes del tribunal superior de justicia y apoya a Lima Carbajal.


En esas reuniones entre magistrados, convocadas por Joaquín González Castro, el magistrado, Carlos Lima, relató detalles de la “operación” realizada ante la sala regional del TEPJF y el Teqroo, para retirar los obstáculos electorales que significaban a Mara Lezama y su grupo, los dos ex candidatos retirados de la pasada contienda por violencia política.


Con ello, Carlos Lima, se dice posesionado y apoyado por la potencial próxima gobernadora, para llegar a la presidencia del poder judicial.


Buscar apoyo y asegurar la mayoría del pleno, para ello ofrece a las magistradas Mariana Dávila y Adriana Cárdenas, su reelección a cambio del voto que necesita para presidir el pleno judicial, cuando Antonio León, se retire en enero, por conclusión de su periodo de gestión y sin posibilidad de reelegirse.


La falta de operación de parte del Gobernador al interior del poder judicial, se hace evidente con el avance de estos grupos, y con el fracaso de su política de cero impunidades y “el que la hace la paga”, pues ningún juez ha sido capaz de mantener en cárcel o con sanciones ejemplares a los ex funcionarios del gobierno anterior, acusados de dañar el patrimonio estatal.


De hecho, el posible arribo de Carlos Lima Carbajal, persona ligada estrechamente a Roberto Borge, puede elevar el nivel de impunidad y proteger al ex gobernador en caso de su traslado al estado, para enfrentar los expedientes del orden local.



Asimismo, puede revertirle a Carlos Joaquín su fracasada política de “el que la hace la paga” y en venganza a la persecución contra el ex gobernador, puede generarse una cacería contra el aun mandatario y sus funcionarios, a partir de septiembre de 2022, cuando dejen el malogrado “gobierno del cambio”.


A partir de septiembre de este año, Fidel Villanueva Rivero, dejará su cargo como magistrado sin posibilidad de reelegirse, se perfila Karla Rivero González, como su posible sucesora, recomendada por el “asesor estrella” de Carlos Joaquín, el poblano, Juan de la Luz.


En octubre de este mismo año, vence el primer periodo de gestión, para las magistradas “borgistas” Mariana Dávila y Adriana Cárdenas, quienes, alentadas y asesoradas por Carlos Lima, han solicitado su continuidad por seis años más.


Estos procedimientos de sucesión, estarán en manos de los diputados del congreso del estado, en donde habrá un panista como presidente de la Jugocopo y en la presidencia de la comisión de justicia, y eso ofrece oportunidades de una recuperación en la operación política de Carlos Joaquín y su equipo para no perder el control del poder judicial.


Sin embargo, el recuento no es favorable para los operadores del actual mandatario, como muestra el fracaso de su política de cero impunidades contra los “borgistas” y la derrota legal que sufrieron a manos del magistrado Mario Aguilar Laguardia, a quien le negaron la reelección, sin embargo, tuvieron que restituirlo por mandato de un juzgado especializado del poder judicial de la federación.



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