Nueva Ley De Educación Promueve Cultura De La Paz y Uso De Nuevas Tecnologías

*Presenta el Dip. Eduardo Martínez Arcila proyecto para una nueva Ley de Educación para Quintana Roo.

*En ella se antepone el interés superior de la niñez, el entorno seguro y el acceso equitativo e igualitario a la educación.

*Presenta punto de acuerdo para que SCT y SEP garanticen acceso a tecnologías para el siguiente ciclo escolar.

Chetumal.-La nueva Ley de Educación para el Estado de Quintana Roo amplía los derechos de las y los estudiantes y contempla nuevas figuras y conceptos con los que se propone garantizar, de manera igualitaria, equitativa y justa, el acceso a este derecho humano, con una mejora en la calidad  y en la construcción de una cultura de la paz, informó el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Martínez Arcila.

Este miércoles se presentó el proyecto para la Ley de Educación de Quintana Roo ante la Comisión Permanente con el cual se busca la armonización de la ley estatal a la federal y que prevé el uso de nuevas tecnologías, la educación basada en los principios y valores de excelencia y equidad, así como la participación de los padres de familia o tutores en el proceso educativo.

Un apartado que destaca en esta nueva norma es la creación de un capítulo dedicado a combatir el bullying  o acoso escolar, así como la atención a la resolución de conflictos en los centros educativos para estudiantes menores de 18 años.  El capítulo se denomina “De la cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos libres de violencia” en donde se precisa que las autoridades tomarán medidas para garantizar y preservar la integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a la dignidad y sus derechos,  así como aplicación de disciplina escolar de acuerdo a la edad de los escolares.

El apartado señala que las autoridades deberán promover la cultura de la paz y la no violencia para generar una convivencia democrática y se emprenderán acciones en las que participen, además, padres de familia o tutores, personal de apoyo y asistencia a la educación así como docentes. 

Esto incluye establecer mecanismos gratuitos de asesoría psicológica, de protección a estudiantes involucrados en actos de violencia o maltrato físico, psicológico o cibernético y la posibilidad de que se celebren convenios de cooperación con el sector público o privado para promover los derechos de las y los estudiantes, así como la cultura de la paz y la resolución no violenta de conflictos.

La nueva Ley de Educación para Quintana Roo también prevé generar en el educando una visión integral de su comunidad y la naturaleza que lo rodea para formar ciudadanos de bien capaces de desarrollarse individualmente, pero con la conciencia de ser parte de una colectividad a la que aporte sus conocimientos y aprendizaje en favor de un bien común.

Esta educación “será inclusiva toda vez que rompa cualquier barrera que limite el acceso y permanencia de cualquier quintanarroense al sistema educativo, promoviendo la autoridad competente una serie de acciones que fortalezcan las posibilidades de educación de los que se sientan excluidos o marginados o estén en riesgo de estarlo. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille así como del lenguaje de señas son algunas de las acciones que la Secretaría deberá de implementar”. 

El legislador expuso que los servicios educativos deberán contar con acciones y programas que generen en el entorno de los educandos condiciones que les faciliten el estudio, establecer el número máximo de treinta y cinco educandos por grupo en la educación básica, los programas de becas, la entrega de uniformes y útiles escolares, así como de calzado y anteojos en toda la educación básica, “son algunas de las más importantes medidas que estará obligado a adoptar el estado”, dijo. 

Durante la sesión de la Comisión Permanente el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, también presentó un punto de acuerdo dirigido a la SEP y a la SCT del gobierno federal para que pongan en marcha un sistema con el fin de garantizar a los educandos, de manera gratuita, el acceso a internet o a educación a distancia para cumplir con la garantía de este derecho humano previsto en la Constitución General ante la emergencia sanitaria que ha interrumpido las clases presenciales o el retorno a los centros escolares.

“Se trata, pues de garantizar el principio constitucional de educación universal, inclusiva, pública y gratuita”, indicó.