Exige ex Titular de CAPA, Millonaria Indemnización a Fiscalía Anticorrupción y al Poder Judicial

*Al ser absuelta por un tribunal de la federación, Paula González Cetina, reclama a la fiscalía general del estado y el poder judicial de Quintana Roo, se le repare integralmente los daños sufrido al haber sido perseguida y sentenciada ilegalmente por presunto peculado.

Eugenio Pacheco

Chetumal.-Una millonaria indemnización que aún no ha sido cuantificada en su totalidad, deberá pagarse a la ex directora de CAPA, Paula Cetina González, de parte de la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzapalo; los jueces Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, así como el magistrado, Felipe de Jesús Solís Magaña.

La propia ex funcionaria dio a conocer la presentación de una demanda de indemnización o reparación del daño a su salud, moral psicológico y económico, por la acusación arbitraria, ilegal, tendenciosa, sesgada y politizada, realizada en su contra por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Rosaura Villanueva.

La demanda fue presentada ante el tribunal de justicia administrativa e incluye del poder judicial del estado a los jueces: Gonzalo Segovia, por el ilegal auto de vinculación y la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra; así como Eduardo del Valle, por la sentencia irregular de casi 4 años de prisión, además de la irregular exigencia de reparar el supuesto daño al patrimonio de la CAPA.

El magistrado Felipe de Jesús Solís, de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, de Chetumal, esta incluido en la demanda de reparación del daño, por la ilegal sentencia emitida en el recurso de apelación, que confirmó la prisión y reparación del daño, contra la ahora ex funcionaria de CAPA.

Paula González, de manera arbitraria fue exhibida hasta internacionalmente con estas determinaciones de las autoridades de la fiscalía anticorrupción y el poder judicial del estado y por ello la demanda para reclamar la reparación del daño.

Paula González Cetina, fue acusada, perseguida y sentenciada por estas autoridades, por el presunto peculado de mil millones de pesos que se transfirieron de la CAPA a la secretaría de hacienda en 2016.

Al ser detenida en enero de 2018, se le mantuvo en prisión por cuatro meses, posteriormente paso siete meses más en prisión domiciliaria, y otro período similar firmando periódicamente ante el juzgado.

El 17 septiembre de 2020, tras varios recursos legales presentados ante juzgados de distrito, un tribunal colegiado del poder judicial de la federación la absolvió de cualquier delito, al considerar que nunca hubo sustentos legales suficientes para demostrar el peculado o la afectación al patrimonio de la paraestatal o del gobierno del estado.