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Ejidatarios Piden apoyo al Congreso para Evitar que se Declara un ANP en el sur




El PROTUR solo Pretende Quedarse con la Administración del Cuerpo de Agua Lagunar


Chetumal (1ro. Julio 2020).- Ejidatarios y pequeños propietarios de la zona sur del Estado se reunieron con la diputada Presidente del Congreso, Reyna Durán Ovando para solicitarle que el poder legislativo, en el ámbito de su soberanía, exhorte a las Secretarías de Turismo y la Secretaría del Medio Ambiente, a detener cualquier proceso y financiamiento tendiente a implementar el denominado Programa de Gestión Común para el Uso Turístico –PROTUR- en la laguna de bacalar dado que es un movimiento previo para proseguir con la implementación de un Area Natural Protegida conforme lo han declarado la Secretaria de Turismo, Marisol vanegas Pérez y el Secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano.


Le explicaron a la diputada que debido a que en Bacalar no han actualizado el POEL ni el PDU, hay un vacío de normas y lineamientos, por lo que la empresa geo alternativa con el financiamiento de la Sedetur y de la Sema aprovecha para plantear un programa de gestión común para el uso turístico de la Laguna de Bacalar –Protur- cuyo fin es establecer un organismo fiduciario para obtener recursos económicos que supuestamente se destinarán para “acciones integrales del territorio en combinación con acciones en la zona de influencia de la zona de influencia de la laguna de bacalar con la visión de un territorio sensible al agua”.


las presiones generadas por el crecimiento urbano y turístico en la laguna combinadas con una normativa prohibitiva no consensuadas con la comunidad perjudicarán el desarrollo, fomentarán la corrupción y generarán la pérdida de calidad de vida de las familias de la zona, asentaron en un escrito entregado a la legisladora, Rodolfo Valle, Diego Rojas, Roberto Salgado, Tomas Dominguez Castillo, pequeños propietarios, así como Luis Chimal Balam, Comisariado Ejidal de Bacalar, Reynaldo Blanco Baeza, de Santa Elena, Oscar Hernández, del Ejido Tollocan, Alvaro Angulo, Presidente del Consejo Consultivo de Calderitas, Gumercindo Aguirre, del comisariado de Pedro A. De los Santos, Raúl Bautista Góngora, Comisariado Ejidal de la Península, María Dolores Cleotilde López, del Ejido Laguna Guerrero, así como el Presidente de la Canaco Chetumal Tulum, Juan Jaime Minguer.


“En el caso específico del programa denominado protur, hemos sido convocados en diversas ocasiones por autoridades estatales, investigadores y asociaciones civiles ambientalstas conformadas por personas ajenas a la población local, quienes lo han presentado sin que se hayan aclarado nuestras dudas, además de que el proceso de consulta ha sido poco transparente, sin la suficiente participación de ejidatarios, pequeños propietarios y usuarios tradicionales de la laguna, quienes históricamente han sido quienes han realizado acciones de cuidado y conservación, de manera individual y en otros casos en grupos. “


Por lo tanto, propusieron que se priorice en cuanto a la protección ambiental de la laguna de bacalar la actualización del programa de ordenamiento ecológico –poel-, el programa de desarrollo urbano –pdu- y que, en el caso del cuerpo de agua, se remitan a la concesión y a las reglas de operación que ya maneja la administración portuaria integral –api, sumando la información técnica ambiental que se considere factible ; y que, en caso de que se determine la necesidad de presentar un programa de manejo de uso turistico del cuerpo del agua, se consideren de forma prioritaria las propuesta de manejo integrado de la cuenca de la laguna de bacalar (incluyendo los instrumentos de gobernanza, planeación, control, vigilancia y zonificación) emanadas de un consejo comunitario que aglutine a los ejidos, pequeños propietarios colindantes y con zona de influencia de la laguna de bacalar, así como a los organismos empresariales de la zona sur del estado. por consiguiente, toda propuesta tendiente a mejorar y proteger a la laguna de bacalar tiene que ser debidamente consencuada entre usuarios, vecinos, propietarios y prestadores de servicios y no solamente por una o dos empresas ambientalistas financiadas por el gobierno del estado.




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