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Denuncia Asociación que el 70% del Presupuesto de la FGE Se Va en Sueldos



La asociación civil Somos Tus Ojos denunció que la Fiscalía General del Estado gasta el 70 por ciento de su presupuesto en sueldos, pero no mejoró las percepciones de los policías ministeriales, peritos y ministerios públicos, sino sólo a los altos puestos y personal allegado.


Cancún.- En un comunicado, la asociación dice que en 2019, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejerció un presupuesto de 903 millones 207 mil 811 pesos, de los cuales 615 millones 261 mil 256 pesos los destinó al rubro de “servicios personales”, es decir, sueldos, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos y demás prestaciones sociales y económicas.


Sin embargo, esos recursos no han llegado a los agentes ministeriales y a la base de trabajadores de la FGE, quienes desde hace unas semanas han acusado la falta de incremento salarial.


Agrega que 273 millones 937 mil pesos se han destinado al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales”, monto incluso superior al pagado por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, al que se le asignaron solo 157 millones 457 mil pesos.


En la partida “otras prestaciones sociales y económicas”, la FGE gastó en 2019, 154 millones 024 mil pesos, a pesar de ello, el personal de la Fiscalía, no ha visto los beneficios.


La agrupación también indicó que en sus investigaciones encontró que desde que inició su gestión y hasta febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ha contratado a 232 personas a las que se les paga por honorarios, entre directores, subdirectores y personal de diversas áreas administrativas.



Y enseguida menciona a varios de los cuales fueron traídos a Quintana Roo por Montes de Oca Rosales, quien se desempeñó como Subprocurador en el entonces Distrito Federal con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y contrató a decenas de personas provenientes de la Ciudad de México.


Entre los que menciona están: Luis Carlos Ruiz Rello, Juan José Olea Valencia, Diana Amador González, Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, José Antonio Espinosa Martínez, Rubén Arturo García Estrella, Raúl Gudiño Resendiz, Adrián Hernandez Reyna y Mónica de Ávila Lozano, quien, según su cuenta de LinkedIn, durante 23 años se ha desempeñado como reportera de Televisa, sin detallar en su perfil que ahora labora en la FGE como Directora de Comunicación Social de la zona norte con un sueldo mensual de 42 mil pesos.



Montes de Oca Rosales también trajo de la Ciudad de México a Alfonso Díaz Pauli, quien ahora funge como coordinador de Ministerio Público, y quien fue sancionado con un apercibimiento público por la Contraloría de la Ciudad de México por no cumplir en tiempo con la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros que tenía a su cargo como responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la PGJDF, en 2014.


También de la Ciudad de México, para integrarse al llamado grupo de “los chilangos”, llegó Rosa María Hernández Ruiz, quien se desempeña como titular de la Fiscalía especializada en delitos de desaparición forzada de personas.



Otras personas contratadas por honorarios son Edwigs López Reséndiz, quien con un puesto de “asesora”, según la ficha curricular que carece de los datos de trayectoria profesional, percibe un sueldo de 42 mil pesos al mes, siendo muy visible su “trabajo” en twitter donde se dedica a compartir la información del gobierno del estado y de la Fiscalía. Destaca el hecho de que abrió su cuenta en dicha red social en julio de 2019.


Al mal grupo de “los chilangos”, privilegiado por Montes de Oca, se suman David Lozano Santana, Cristóbal Martín Mendoza de Vicente, Marcela Murillo Herrera titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la Zona Sur; Jaime Ontiveros Patiño, Viridiana Orozco Herrera, directora de Coordinación Interinstitucional, y quien laboró como directora de Normatividad, Verificación y Cumplimiento del INVEA, en la Ciudad de México.


También provienen de la Fiscalía del entonces Distrito Federal César Octavio Ayerdi Hernández, director de Administración y Planeación, quien trabajó como Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Alain Durán Villaseñor, subdirector de Recursos Materiales; Vicente Iturbe Mendoza, director general de Desarrollo Institucional, con un salario de 60 mil pesos mensuales, y a quien se le abrió un procedimiento por presentar tardíamente su declaración patrimonial en 2016 cuando trabajaba en la Fiscalía General de la Ciudad de México, omisión que cometió pero que se le “perdonó”, quedando exentó de sanción alguna. (Fuente: Cambio 22)

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